El grupo socialista en el Parlamento Europeo, denunció en junio en Bruselas que en Murcia «se ha aprobado una instrucción que obliga a todos los centros educativos a pedir la autorización expresa de los padres para que sus hijos participen en cualquier actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad», en referencia al pin parental, que es un instrumento impulsado por los ex diputados de VOX en Murcia, el cual permite a los padres impedir la participación de sus hijos en charlas de contenido ideológico.
La Comisión Europea ha confirmado en Bruselas que el llamado pin parental propuesto e impulsado por los diputados expulsados de VOX en Murcia, y que la formación quiere extender a Madrid y Andalucía, no es susceptible de reproche, ya que entra dentro de sus competencias regionales en materia de educación.
Por tanto, son ilegales las afirmaciones que tanto la ministra socialista Isabel Celáa, como el consejero de la comunidad de Madrid y diputado del PP Enrique Osorio, que criticaban que los progenitores ejercieran su derecho constitucionalmente protegido, de formar a sus hijos bajos sus propios criterios morales, religiosos y filosóficos.
